Una verdadera guerra originó la investigación anunciada por la Fiscalía contra el senador Alejandro Guillier y candidato presidencial de Fuerza Mayoría a raíz de los informes considerados “copy-paste” que un asesor del candidato extendió al parlamentario como respaldo para el pago de honorarios  por «asesorías» por un monto de 19 millones de pesos.

Si bien Guillier no quedó bien parado con sus declaraciones contra los fiscales y la Fiscalía, peor quedó el Presidente del Senado Andrés Zaldívar, quien también se subió “al carro” por la molestia que generaba dicha investigación en la Cámara Alta porque involucrará ahora a todos los senadores y no solamente a Guillier.

El Fiscal Nacional Jorge Abbott confirmó que recibió un llamado del senador Andrés Zaldívar quien “me manifestó su preocupación y la molestia de la Cámara Alta por haberse solicitado por parte del Ministerio Público todos los informes y contratos que respalden las asesorías externas de los senadores durante un periodo determinado sin que existiera claridad respecto de qué delitos en particular se estaba investigando”.

Apenas el presidente del Senado (DC), recibió el martes en su despacho un extenso oficio proveniente del Ministerio Público, la segunda autoridad del país tomó el teléfono y se contactó directamente con Abbott.

 “Me interesa dejar en claro que aquí no hay una persecución en contra de senadores, lo que nosotros investigamos es, si en las asesorías que terceros le prestan al Senado, se cometió o no delito.  No tenemos elementos como para imputarles delitos a los senadores, se puede tergiversar en cierto sentido lo que es la investigación de la Fiscalía. Nosotros no estamos poniendo en tela de juicio la actividad de los senadores, tenemos que desarrollar nuestra actividad en conformidad a la ley y es lo que hemos hecho”, sostuvo Abbott.

Explicó en un punto de prensa que “hay una investigación específica frente a un eventual delito de fraude al fisco por el pago de ciertas asesorías que no serían tales”.

Según fuentes ligadas a la indagatoria, uno de los sustentos de la fiscalía para pedir los informes es que algunas empresas que asesoraron a diputados y que están siendo investigadas en el caso de la Cámara -a raíz de la autodenuncia de la ex jefa de prensa UDI Lily Zúñiga- también habrían realizado asesorías a senadores.

“Creo que no es bueno que en base a este tipo de denuncias se ponga en tela de juicio a la institución del Senado en su conjunto”, recalcó Zaldívar, agregando una crítica más: “Si hay algún hecho que pueda ser denunciado en el sentido de investigación procesal penal, tiene que decirse con precisión cuál es el hecho y a quién aflige”, según La Tercera.

Igualmente  el senador UDI Hernán Larraín, ha llegado a decir que la diligencia configura un “ataque institucional al Senado”, señalando que los fiscales “están equivocados”.

Los parlamentarios son conscientes de que solo hay respaldos para informes a partir del 2015, año en que, a raíz de los casos Penta, SQM y Corpesca, se modificaron aspectos de la normativa de asignaciones parlamentarias. Y según se explica en el Congreso, desde esos cambios no solo se ordenó el trabajo de asesores, sino que también se elevaron las exigencias.

Guillier, por su parte, pidió que el Comité de Auditoría realice una revisión especial a sus asesorías externas contratadas a partir de 2014. Tras ello, los auditores pidieron a la Comisión de Ética del Senado autorización para proceder a la solicitud. Esto, porque según el reglamento interno el Comité no puede actuar de oficio.

El candidato oficialista calificó de “abuso de derechos constitucionales” el anuncio del Ministerio Público de investigar a todos los senadores respecto a un eventual mal uso de las asignaciones parlamentarias. Sin embargo, debe considerarse que los senadores y diputados no son intocables y como cualquier otro chileno pueden ser investigados,  haya o no cargos en contra.

El congresista por Antofagasta declaró a CNN que los jueces ni los fiscales tienen atribuciones para “investigar a alguien sin que exista, al menos, un indicio de delito”.

Y agregó que esta situación podría originar una “contienda de competencias” entre los poderes Legislativo y Judicial, lo que podría llevar a  “un abuso de derechos constitucionales” no descartando que pueda llegar, incluso, a cortes internacionales.

«Eso no es efectivo. Es una afirmación agraviante hacia nuestra institución y nuestros fiscales, porque efectivamente los casos que aparecen en los medios de comunicación son precisamente aquellos con personas más importantes, pero la gran mayoría de las investigaciones que realizamos son de personas más sencillas y que no son de importancia para los medios. Esa es una afirmación muy injusta», dijo hoy el fiscal Nacional, Jorge Abbott.

Por otra parte, el fiscal regional metropolitano oriente, Manuel Guerra, se refirió esta tarde a la actual investigación que la Fiscalía está llevando a cabo, respecto del gasto irregular de asignaciones por parte del Senado, desmintiendo tajantemente  acusaciones realizadas por Guillier.

El fiscal Guerra señaló que era  falso que el Ministerio Público se enfoca solamente en delitos graves o que involucran a personas conocidas,  como habría señalado el candidato, ya que son muchos los casos menores que también se resuelven.

“Se equivoca cuando dice que a los fiscales se les paga bonos por descubrir los casos o delitos más graves”, indicó. “El Ministerio Público no se paga los bonos a sí mismo” (como sería el caso del Parlamento), sentenció Guerra  porque es el Ministerio de Hacienda el que fija el pago de incentivos a los fiscales por cumplimiento de compromisos de gestión, tras lograr acuerdo con el Ministerio Público año a año. Estos pagos son  por gestiones de los funcionarios y son materia de auditorías de empresas externas”, comentó.

Además, según el fiscal, las declaraciones del senador “revelan un desconocimiento de la ley” y dijo lamentar la situación: “Lamento que el senador haya hecho esas declaraciones”.

Respecto de la investigación a las asesorías del Senado, Guerra reveló que “es algo que venimos investigando desde 2016. Quiero dejar claro que no estamos imputando delito alguno a ninguno de los senadores. Aquí no hay una persecución contra senadores”.

“Esto no es una reacción a un reportaje de Radio Bío Bío. Esto es a partir de la denuncia de Lily Zúñiga exasesora de la UDI”, concluyó.

Críticas de Meo

La polémica entre el Senado y el Ministerio Público fue abordada también  por el candidato presidencial del Partido Progresista, Marco Enríquez-Ominami, quien afirmó que los legisladores actúan como un “cartel”.

“Queremos manifestar nuestro profundo rechazo a las declaraciones de varios senadores que más parecen un cartel que legisladores. Actúan como un cartel, no como una institución del país que debe garantizar la transparencia”, dijo el exdiputado, durante una de las actividades que desarrolla en su visita a Colombia.

La polémica entre los poderes Legislativo y Judicial se originó tras un reportaje publicado por Radio Bío Bío que dejó al descubierto las millonarias asesorías recibidas por el senador Alejandro Guillier, que consistían en documentos que ya se encontraban disponibles de forma gratuita en la web del Senado.