Por Luis Larraín (*)
La presidenta de la Democracia Cristiana y abanderada presidencial de ese partido, Carolina Goic, sorprendió a la ciudadanía al declarar que no inscribirá la candidatura del diputado Ricardo Rincón, contrariando la decisión de la Junta Nacional del partido. Las acusaciones de golpear a su ex mujer —que un Tribunal Civil acreditó y condenó— han sido la razón que esgrime Goic para hacer uso de una facultad que la misma Junta le dio para determinar la conformación definitiva de la lista parlamentaria.
Pero ella decidió, además —y frente a la rebeldía de Rincón, que asegura que seguirá con su postulación—, encargar al abogado y militante Patricio Zapata un informe que fije criterios objetivos para la definición de la plantilla parlamentaria del partido. Con este gesto, Goic ha pretendido mostrarse ante la opinión pública como una candidata que fija un estándar ético para la política de su partido que va más allá de las exigencias legales.
Sin embargo, sus decisiones entrañan también un riesgo y prontamente han surgido preguntas acerca de varias situaciones que afectan a parlamentarios y candidatos de la DC que podrían merecer, en opinión de algunos, un reproche ético. Han surgido así diferentes casos, algunos de candidatos acusados y condenados por conducir en estado de ebriedad, el de una candidata que es ex directora de Sename —y aseguró que la niña Lisette Lara, bajo protección de esa institución, “había muerto de pena”, en circunstancias que se ha comprobado que sufrió un tratamiento indebido por parte de funcionarios—, y casos de parlamentarios que han tenido actuaciones irregulares en materia de financiamiento de la política.
Difícil tarea la que se le asignó a Zapata, pues al plantearse Carolina Goic desde lo ético, alguien podría pensar que lo que el abogado debía hacer era un juicio ético sobre los candidatos aprobados por la Junta Nacional. Vale decir una suerte de apreciación acerca de la calidad moral de los candidatos. Cuáles son buenas personas y cuáles no lo son.
El autor del informe, ante esa expectativa, ha debido rechazar el rol de inquisidor que se le ha pretendido otorgar. Es por ello que, junto con entregar su informe a Goic, ha señalado: “He llegado a la conclusión de que un estándar ético consistente con las decisiones previas del Partido y que desarrolla definiciones recientes del Comité de Ética del Partido es aquel en el cual el PDC se abstendrá de incluir en su listas de candidatos a personas que hubieran sido condenadas en definitiva, por cualquier Tribunal de la República, por conductas gravemente atentatorias al núcleo central de valores exigible en un servidor público democratacristiano”, dice el texto.
Además, Zapata hace una aclaración del concepto “condenado”, asegurando que “no sólo resulta condenada la persona a quien se le aplica una sanción privativa de libertad en sede penal. También es condenada la persona que debe realizar una conducta reparatoria o cautelar”.
Con ello, el Informe Zapata (foto derecha) no deja dudas acerca de la improcedencia de inscribir la candidatura del diputado Ricardo Rincón. Sin embargo, no va mucho más allá. No se pronuncia, por ejemplo, sobre la idoneidad del diputado Roberto León, quien recibió dineros de la empresa SQM para financiar su campaña; ello, presumimos, porque no habría una condena de un tribunal en su caso, que continúa siendo investigado.
Si bien la determinación de Zapata es defendible —en el sentido que él no puede ir más allá de hechos que hayan sido acreditados por un tribunal, transformándose en una suerte de juez paralelo—, ella no satisface la expectativa que se había creado ni tampoco los criterios declarados por la propia presidenta de la DC. Carolina Goic ha tratado de marcar una diferencia con Sebastián Piñera insistiendo en la necesidad de establecer un límite ético más allá de lo meramente legal, que según ella el abanderado de Chile Vamos no cumpliría.
El riesgo de la pretensión ética de Goic es caer en la moralina. Un remedo de enseñanza moral mezquina, inoportuna e hipócrita, que pretende erigirse en juez moral de las conductas de los otros, sin elementos suficientes para hacerlo y sin, tampoco, asegurarse de que las propias conductas satisfacen esos estándares.
La ignorancia y la hipocresía suelen estar presentes en quienes rasgan sus vestiduras y claman por comportamiento ético en los demás. La ignorancia, porque muchas personas opinan, con una liviandad que asombra, acerca de conductas de otros en el ámbito de los negocios, por ejemplo. Sin entender siquiera los fundamentos de una operación comercial hay quienes acusan faltas a la ética en un negocio. Si pensamos que hay personas que hablan del delito de lucro, lo que los acerca a lo que Francisco Antonio Encina llamaba “desconformados cerebrales”, podremos aquilatar los excesos a los que se puede llegar en esta materia.
Por otra parte, y aquí hablamos de hipocresía, en materia de financiamiento irregular de la política, ¿qué parlamentario puede asegurar no haber incurrido en alguna falta, si constatamos que hasta antes del año 2004 ni siquiera había una ley que regulara la materia? ¿O acaso las conductas que faltan a la ética, que tantos acusaron cuando se revelaron las primeras investigaciones judiciales por financiamiento irregular de la política, sólo ocurren cuando esas conductas las cometen los adversarios políticos? Eso es lo que nos dice la resolución de la Democracia Cristiana a partir del Informe Zapata.
La pretensión ética de las actuaciones de Carolina Goic se ha quedado en sólo eso, una pretensión, pues cuando se trata de sancionar a los propios por conductas que merecen reproche en los adversarios, la vocación justiciera desaparece. Uno puede concluir, entonces, que el verdadero objetivo de la candidata DC al presentarse como defensora de la ética era obtener una ventaja política.
(*) UNAB
Rechazo del Tribunal al recurso de Rincón
El Tribunal Calificador de Elecciones rechazó este jueves el reclamo que el diputado de la Democracia Cristiana (DC), Ricardo Rincón, interpuso para anular la decisión de Carolina Goic, la cual impide que este reinscribiera su candidatura al Congreso en las próximas elecciones.
El principal argumento que fundamentó la decisión de Goic fueron los antecedentes por violencia intrafamiliar que Ricardo Rincón registra, por los cuales incluso fue sentenciado a realizarse terapia sicológica.
