El eventual cierre de Punta Peuco, la cárcel especial para los torturadores de la dictadura de Pinochet, parece estar  “a la vuelta de la esquina” porque sus actuales ocupantes  seguirían cumpliendo sus condenas en una cárcel de “verdad: Colina 1”, (foto derecha) para lo cual el Gobierno estaría haciendo ya todos los preparativos de traslado, según informa hoy el diario La Tercera.

“Yo voy a cumplir todas las promesas que he hecho”, dijo la Presidenta Michelle Bachelet, el 6 de julio, en una entrevista con un canal de televisión santiaguino.

Las fuentes de gobierno que le informaron al diario sobre esta decisión explicaron que se estaba trabajando en ella en casi todos los ministerios, aunque el detalle más fino se maneja en las carteras de  Justicia (en la propia Secretaría de Estado y en Gendarmería), Interior y Defensa, que deberán encargarse de todos los detalles como el cierre del penal, el futuro destino de este recinto y el traslado.

El mes elegido es septiembre por el carácter simbólico que tiene por las fechas del 11, el aniversario del golpe militar, y el 18, el Día de la Patria. Para concretar la medida sería suficiente la dictación de un decreto presidencial como en 2013 lo hizo el Presidente Sebastián Piñera con el penal  Cordillera situado en Peñalolen, donde diez ex uniformados cumplían condena por delitos de lesa humanidad.

Sobre el lugar al que serían trasladados los internos, la cárcel de Colina 1 se presentan como el destino más probable, aunque a decir verdad allí los condenados por violación a los derechos humanos tampoco estrían junto al resto de la población penal, como sería lo más lógico, porque se piensa habilitar el sector de enfermería de esta cárcel que tiene capacidad para 125 plazas (Punta Peuco tiene 130).

El compromiso adquirido por la Presidenta comenzó a concretarse tras una reunión que tuvo, en agosto de 2015, con la víctima del caso quemados, Carmen Gloria Quintana, donde le habría prometido que el cierre de Punta Peuco se haría en su gestión.

Sin embargo, en julio el ministro de Justicia, Jaime Campos, señaló, según La Tercera,  que este proceso “tiene una serie de complicaciones, como la seguridad de los condenados; el principio de segregación que inspira a nuestro régimen de custodia; la vitalidad de los recintos y también la disposición de cupos o espacios”.

El Ejército está preocupado

El cierre de Punta Peuca es un tema también que preocupa al jefe del Ejército general Humberto Oviedo. Dos días después de que la Presidenta anunciara que cumpliría su promesa de cerrar Punta Peuco, el comandante llamó a mirar “el contexto histórico” al momento de enjuiciar el rol de los militares.

Oviedo señaló en aquella oportunidad que “hoy, esas actuaciones son observadas exclusivamente desde el prisma de nuestro tiempo, sin analizar ni considerar la situación concreta ni el contexto histórico y político en que tuvieron lugar”.

El tema de las pensiones

Otro asunto que se ha ventilado en los últimos meses son las elevadas pensiones o jubilaciones que reciben los condenados por causas de violaciones de derechos humanos, entre los cuales figuran 95 generales con beneficios que en promedio se estiman en $1.618.459. Los datos han sido publicados por la prensa y entregados por la Caja de Previsión de la Defensa Nacional (Capredena).

Quien lidera la nómina es el ex fiscal militar Juan Fernando Torres Silva, con una jubilación de $ 3.254.85. La fecha en que se empezó a entregar la pensión fue el 11 de noviembre de 1999. El coronel (R) del Ejército cumple una pena de 10 años por el homicidio de Eugenio Berríos, ex químico de la Dirección Nacional de Inteligencia (Dina), ocurrido en 1991.

Otros de los jubilados con mayor pago es Eugenio Covarrubias Valenzuela, ex director de la Dirección de Inteligencia Nacional del Ejército (Dine). Recibe $ 2.940.671 desde el 1 de agosto de 1997. También fue condenado por el caso Berríos a 10 años y un día por autor de secuestro y cinco años y un día por asociación ilícita.

En tanto, Miguel Krassnoff Martchenko, ex brigadier del Ejército e integrante de la Brigada Lautaro de la Dina, también obtiene una de las jubilaciones más altas de la nómina: $ 2.489.658 desde 1999. El ex subdirector de la Dina Raúl Iturriaga Neumann recibe al mes $ 2.143.977 desde 1991 y el ex jefe operativo de la Central Nacional de Informaciones (CNI), Alvaro Corbalán Castilla, cuenta con una pensión de $ 716.442.

Otro de los condenados emblemáticos es Carlos Herrera Jiménez, sentenciado por el asesinato de Tucapel Jiménez, quien registra un pago mensual de Capredena de $ 1.019.730.

La lista

El registro  incluye pensiones vigentes y suspendidas. Ese último estado significa que fue paralizada por la muerte del beneficiado y no existe un montepío. Esta es la lista: