El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Julio Borge, declaró que su país “amanece más dividida y más aislada del mundo” tras la elección de la Asamblea Nacional Constituyente del pasado domingo. Los 112 diputados de oposición más tres chavistas disidentes pueden verse ocupados en su propio edificio dentro de una semana por los nuevos 545 diputados salidos de una votación cuyos resultados son más que cuestionados.
Al menos catorce países –Argentina, México, Brasil, Chile, Panamá, Costa Rica, Paraguay, Colombia, España, Gran Bretaña, Suiza, Estados Unidos y Canadá– han hecho explícito su rechazo a estas elecciones, y Perú ha invitado a los ministros de Exteriores latinoamericanos a reunirse en Lima el 8 de agosto. El comunicado del Ministerio de Exteriores español señala que “España no reconocerá una Asamblea Constituyente que no sea resultado de un amplio consenso nacional, elegida conforme a reglas democráticas de sufragio universal”.
Este es el tono general tras una jornada electoral marcada por la violencia (la Fiscalía investiga una decena de muertes) y un escrutinio que, a diferencia de otros comicios celebrados en la Venezuela bolivariana, careció de garantías.
El Consejo Nacional Electoral anunció sus resultados: 8.089.320 de votos, con un 41,53% de participación, es decir, mayor que otras convocatorias electorales. “Un récord”, según el Gobierno. Este dato se da de bruces con las poco nutridas colas el domingo ante los centros de votación. Para la oposición, sólo un 12% de electores, entre dos y tres millones, fueron a votar. En ausencia de observadores internacionales, el único dato exterior disponible es el de la firma Torino Capital, dirigida por el economista venezolano Francisco Rodríguez, que sobre un sondeo de 110 colegios electorales estimó 3,6 millones de votantes, un 18,5%. El informe de Torino dice que los resultados indican que el Gobierno conserva una importante cantera de leales “que puede movilizar”, pero a la vez “gran parte de los votos pueden no haber sido voluntarios”, en alusión a los 2,6 millones de funcionarios.
La Unión Europea señaló en un comunicado que “una Asamblea Constituyente elegida bajo circunstancias dudosas y a menudo violentas no puede ser parte de la solución” y la Eurocámara “no reconocerá estas elecciones”.
El primer objetivo, ya señalado desde hace días, es la (eliminación) de la fiscal general, Luisa Ortega, veterana chavista crítica que ha denunciado la ilegalidad de las elecciones y la “brutal represión” en las calles. Al vicepresidente de la Asamblea, Freddy Guevara, Maduro le ha dicho que “tienes tu celda lista”, y el que será presidente de la Constituyente, el número dos del régimen y antiguo presidente del Parlamento, Diosdado Cabello, se dispone a despojar de la inmunidad parlamentaria a los opositores. “Nos sacan por la puerta –en las elecciones del 2015– y nos metemos por la ventana”, afirmó.
Maduro anunció que la Constituyente creará una “comisión de la verdad”, presidida por la excanciller Delcy Rodríguez, y que “habrá justicia por los crímenes de la derecha”. Desde abril han muerto 124 personas durante las protestas, la mayoría a manos de las fuerzas de seguridad y paramilitares.
Si Cabello aseguró que “la Constituyente es plenipotenciaria y puede sustituir al Parlamento” en el plazo de una semana, Maduro añadió que usará esos poderes para impedir que la oposición concurra a las elecciones de gobernadores en diciembre si no depone su actitud y se sienta a negociar. De todos modos, lo más probable es que toda elección quede suspendida mientras dure la Constituyente, cuyo período de funcionamiento se desconoce.
El primer objetivo, ya señalado desde hace días, es la fiscal general, Luisa Ortega, veterana chavista crítica que ha denunciado la ilegalidad de las elecciones y la “brutal represión” en las calles
