La Fiscalía Nacional Económica (FNE) anunció este miércoles el inicio de un estudio de mercado de los notarios para evaluar la evolución competitiva de esta actividad, que actualmente se realiza en 327 notarías titulares distribuidas en todo el país. Según entidad persecutora, se trata de un mercado que en apariencia se encuentra muy regulado, «pero que exhibe variados espacios que debieran ser competitivos, respecto de los cuales existe limitada información pública para evaluar el nivel de competencia existente».

Según emol.com, «la FNE explicó que hay cuatro razones que justifican la realización de este estudio de mercado. «Se trata de los espacios de competencia que debieran existir en el proceso de designación de los notarios, en el precio que cobran y en la calidad del servicio que entregan. Adicionalmente, se agrega como motivo para iniciar el estudio, la falta de información pública sobre la metodología utilizada para determinar la oferta de notarios en el país, es decir la cantidad y ubicación de las notarías».

El fiscal nacional económico, Felipe Irarrázabal, señaló que «reconocemos el aporte que los notarios hacen a la fe pública y a la seguridad en los negocios. Sin embargo, existe muy poca información pública disponible sobre cómo funciona el mercado de los notarios desde el punto de vista de competencia y el objetivo de este estudio es conocer cómo ha evolucionado esta actividad y cómo se desarrolla actualmente».

El fiscal aseguró que «de este modo, se amplían las posibilidades de detectar eventuales fallas competitivas y proponer medidas para mejorar». En este estudio colaborarán con la Fiscalía los abogados Enrique Barros y Felipe Bulnes y de los economistas Claudio Agostini y don Eduardo Engel.

Además, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) asistirá a la Fiscalía durante el desarrollo del estudio, sólo respecto a verificar el cumplimiento de las mejores prácticas internacionales sobre estudios de mercado.

Las investigaciones que han realizado los medios en este tema en los últimos tres años han apreciado una y otra vez la diferencia de precios existentes entre estas oficinas de fe pública, que en algunos casos llegan a un 300% de diferencia para determinados trámites,  que van desde una declaración jurada hasta la venta de un vehículo, por ejemplo, tratándose de un mercado que, pese a estar regulado por ley, muestra fuertes variaciones en sus precios frente a un mismo servicio.

La operación del sistema es defendida por la Asociación de Notarios, Conservadores y Archiveros Judiciales, donde -aseguran- cada año efectúan cerca de 18 millones de trámites. “Hay que pagar cuentas, funcionarios, arriendos y un sinfín de cosas para poder dar una atención adecuada, porque la gente lo necesita. Y, aunque los precios están congelados desde 1998, normalmente se cobra por bajo lo estipulado en la ley. Pero, aún así, el sistema funciona bien y los problemas que hay son casos excepcionales”, señalan sus dirigentes.

El congelamiento al que alude se refiere a que los valores máximos por producto están estipulados en el Decreto Exento 587, que data de 1998, norma que debe estar colgada en un lugar visible para el público de estos recintos.

El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) ha reiterado varias veces que “los consumidores tienen derecho a que se les cobre el arancel que corresponde y a reclamar ante las gobernaciones, intendencias o ministros en visita frente a irregularidades”. Añade que “las notarías deben cobrar las tarifas que establece el decreto; en caso contrario, se estaría infringiendo la normativa”.