Estará dedicada al control y la fiscalización del tránsito público, liberando a Carabineros de esas labores para que asuma su rol prioritario en la prevención del delito.
Por Hernán Ávalos
La Fundación Paz Ciudadana presentó a las candidaturas presidenciales sus propuestas en seguridad y justicia para el período de gobierno 2018-2022, con énfasis en medidas administrativas y reformas legales destinadas a elevar la eficiencia en la prevención de las conductas antisociales y la delincuencia.
El documento incluye un conjunto de medidas administrativas, reformas legales y nuevas leyes sobre gestión y evaluación policial con participación comunitaria, investigación criminal, aseguramiento de los derechos de la infancia desvalida y la adolescencia en conflicto con la ley y rehabilitación de condenados, entre otras.
Entre las medidas más novedosas destaca la creación de una Policía de Tránsito en los niveles regionales (aunque sólo la menciona y deja abierto el debate), de modo de liberar a Carabineros de esta función, para que asuma su rol prioritario como policía preventiva.
En el mismo sentido Paz Ciudadana propone transferir, paulatinamente, las labores de investigación criminal a la Policía de Investigaciones, PDI, desgajada de Carabineros hace 83 años para ocuparse, precisamente, de estas labores detectivescas. Ya con anterioridad, el candidato de la centroderecha Sebastián Piñera (UDI, RN, Evópolis) había adelantado esto último. En su oportunidad Piñera reconoció la complejidad del fenómeno delictual, y por tanto erróneo haber difundido en su anterior campaña presidencial eslóganes como “vamos a cerrar la puerta a la delincuencia” o “se terminó el recreo de los delincuentes”.
El fundamento más contundente de la Fundación indica que en Chile sólo 1 de cada 10 pesos para seguridad y justicia se destina a la prevención de los delitos, cuando precisamente es ésta función policial la que contribuye, principalmente, en la contención de la delincuencia. En su análisis ignora el fraude investigado desde hace un mes en el alto mando de Carabineros, que ya bordea los $26.000 millones, y que representó una merma de su presupuesto y en consecuencia, la calidad del servicio policial, al menos en la última década. Hace ver, además, que la delincuencia varía de comuna en comuna, incluso de barrio, y que las municipalidades carecen de recursos suficientes para ejecutar programas de prevención del delito.
Valoración de la propuesta
Tras la muerte de su fundador Agustín Edwards Eastman en abril pasado, su hijo Agustín Edwards Del Río asumió la presidencia de Paz Ciudana. Y su propuesta a las candidaturas presidenciales está avalada por estudios y experiencias de tres décadas en el diseño de políticas públicas en seguridad y justicia. Desde entonces se ha mantenido inalterable como una entidad técnico-profesional, de estilo pragmático, vinculada a la centroderecha y funcional al modelo socioeconómico neoliberal vigente en Chile desde la dictadura de Pinochet. Su aproximación a la delincuencia es instrumental, de ningún modo estructural; el objetivo último es la prevención y contención, más no aborda sus causas más profundas, ni el contexto social en que surge y prolifera.
El texto presentado a debate por la FPC recoge y cita estudios comparados similares a nivel internacional y estadísticas oficiales, las cuales indican que 4 de cada 10 hogares chilenos son víctimas de robo o hurto, y 8 de cada 10 robos denunciados son archivados por las fiscalías del Ministerio Público por falta de información o evidencia.
Este panorama sobre la delincuencia común explica el resultado de la última Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (ENUSC), considerada la más representativa sobre esta materia, la cual reveló que en la última década la sensación de temor a la delincuencia (principalmente a ladrones y asaltantes) ha permanecido estable en el 80% de la población, en contrapunto con la victimización observada en hogares (delitos reconocidos no siempre denunciados), la cual fluctúa en torno al 30%, con tendencia a la estabilización en los últimos dos años. Así la prevención efectiva contribuiría a disminuir la elevada sensación en la ciudadanía, subjetiva por cierto, de temor a ser víctima de delito.
También la propuesta de la Fundación Paz Ciudadana a las candidaturas presidenciales, incluye medidas para mejorar los sistemas de protección de la infancia desvalida, de la adolescencia infractora de ley -hoy en discusión parlamentaria a propósito del reporte a octubre de 2016 sobre 1.313 niños fallecidos estando bajo custodia del Sename- como de rehabilitación conductual y reinserción social de los condenados, de modo de disminuir su reincidencia que supera el 50%, después de haber estado en la cárcel.
Por su parte las candidaturas de la centroizquierda representadas por Carolina Goic (DC) y por Alejandro Guiller (PS, PPD, PR, IC, PAIS) reconocen la validez instrumental de la propuesta anti delincuencia entregada por la FPC. Aunque en su diagnóstico desde la sociológica visualizan sus causas en el contexto de inequidades producidas por el sistema socioeconómico vigente, la desigualdad en los ingresos, la falta de oportunidades para la juventud y la marginalidad urbana, la cual constituye el “caldo de cultivo” para la reproducción y transferencia de conductas antisociales.
Por su parte la candidatura de la izquierda representada por Beatriz Sánchez (FA) admite la contribución fáctica de la FPC. Y sugiere fortalecer las labores de inteligencia policial y estrechar vínculos con Interpol u otras agencias nacionales e internacionales que combaten el crimen organizado, el narcotráfico y el terrorismo, de modo de actuar proactivamente contra la delincuencia en nuestro territorio. Luego, desde una perspectiva sociológica apunta a las causales de los delitos de alta connotación social, como son aquellos ejercidos con violencia contra las personas y sus bienes, en las desigualdades en el acceso a los ingresos, al consumo, a la educación, a la salud, a la vivienda, al trabajo y los abusos de la clase dominante (compradora de fuerza de trabajo), generado por el sistema socioeconómico de libre mercado desregulado y con débiles sistemas de fiscalización y control por parte del Estado, como el que tenemos hoy en nuestro país.
