Un centenar de congresistas colombianos y chilenos presentaron este martes ante la Corte Penal Internacional (CPI), con sede en La Haya, una denuncia contra el presidente venezolano, Nicolás Maduro.
El escrito se basa en informes de organismos internacionales, como algunas agencias de Naciones Unidas o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, estudios de ONG e información oficial, y acusa al sucesor de Hugo Chávez de haber sido “partícipe de graves violaciones al derecho internacional” a partir de 2008, cuando era ministro de Exteriores, y le atribuye “la comisión de crímenes de derecho internacional” desde que fue elegido en 2013, informó la prensa española.
La denuncia, de 56 páginas, está firmada por 76 senadores de Colombia y más de 70 de Chile y tiene como objetivo «que la Fiscalía pueda poner en observación a Venezuela y abrir una investigación formal» contra Maduro, manifestó Duque, senador del opositor partido colombiano Centro Democrático. Según detalló, esta denuncia es «un mecanismo para ejercer presión internacional a todos los crímenes que están ocurriendo en Venezuela».
La iniciativa, impulsada por Duque, ha sido respaldada por representantes de formaciones de distintos colores y busca que la Fiscalía de La Haya abra, como primera medida, una observación en Venezuela, que firmó el Estatuto de Roma en 1998 y por tanto acepta la jurisdicción de la CPI. El Tribunal de La Haya juzga delitos que afectan a la comunidad internacional: genocidio, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad.
El parlamentario articulador en Chile es el diputado de Evópoli es Felipe Kast, antiguo ministro del derechista Sebastián Piñera, ex presidente y actual candidato nuevamente, asegura que la demanda la apoyaron ocho partidos políticos, “desde la izquierda hasta la derecha, pasando por el centro, con excepción del Partido Comunista y el Socialista”. “Para Chile”, señala, “esta realidad de Venezuela es especialmente sensible”. “Cuando en Chile se violó la democracia, recibió apoyo internacional”, prosigue Kast, que espera que Parlamentos y autoridades de otros países de la región se sumen a esta iniciativa.
Las acusaciones que formula la denuncia son ocho En primer lugar, “el crimen de asesinato por instigación directa e indirecta”. “Entre los años 2013 y 2017, se ha dado muerte en Venezuela a personas que se manifestaron en situaciones concretas, o mediante el ejercicio de sus derechos humanos, en contra de políticas, medidas u omisiones imputables al Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela”, señala el texto, al que tuvo acceso el diario español El País.
En segundo lugar, los denunciantes le imputan una “imposición intencional de condiciones de vida, entre otras la privación del acceso a alimentos o medicinas, encaminadas a causar la destrucción de parte de una población”. Un delito que califican como “exterminio” y que entienden “estrechamente relacionado con el genocidio, ya que ambos se dirigen contra un gran número de personas”.
En tercer lugar, “deportación o traslado forzoso de población”, algo que achacan al “uso de la fuerza física o a través de amenazas”. Los otros cargos recogidos en el escrito, de 56 páginas sin incluir los documentos probatorios aportados, son encarcelación de opositores; tortura; “persecución de un grupo o colectividad con identidad propia”, en referencia a los críticos con el chavismo; “desaparición forzada de personas” e incluso “el crimen de apartheid, es decir, “actos inhumanos cometidos en el contexto de un régimen institucionalizado de opresión”.
“Yo espero que con todos los hechos que están ocurriendo en Venezuela la Fiscalía diga primero que van a poner a Venezuela en observación, que ya es un mensaje muy importante para advertir de que lo que está ocurriendo es muy grave. Y el segundo objetivo es que la fiscalía pueda abrir una investigación formal a Nicolás Maduro”, explicó Duque. “Los Gobiernos de América Latina se han quedado en las lindas formas de los salones multilaterales, pero ninguno ha hecho ninguna acción” agregó.
La crisis institucional que atraviesa ese país recrudeció cuando el Tribunal Supremo de Justicia suspendió, a finales de marzo, las competencias del Parlamento, de mayoría opositora. Esa decisión reactivó una ola de protestas que aún no se ha detenido. En los últimos tres meses y medio han fallecido alrededor de cien personas, ha aumentado la presión de la comunidad internacional, el chavismo está dividido, la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, se ha convertido en un símbolo de la resistencia al Gobierno, se produjo la excarcelación de Leopoldo López. Pero Maduro no está dispuesto a renunciar a las elecciones de una Asamblea Nacional Constituyente, convocadas para el 30 de julio con unas reglas del juego que, según la oposición, favorecen al oficialismo.
Un grupo de senadores de Colombia y Chile presentó hoy una denuncia ante la Corte Penal Internacional (CPI) en La Haya contra el presidente venezolano, Nicolás Maduro, por crímenes como tortura y segregación, entre otros, indicó a Efe el parlamentario Iván Duque. «Es un documento de denuncia que se presenta a la Fiscalía de la CPI, donde estamos acusando a Nicolás Maduro por crímenes que son competencia de esa corte como tortura, ‘apartheid’ por segregación y ataque desmesurado a un segmento de la población, homicidios selectivos, capturas y deportaciones masivas», señaló Duque a Efe por teléfono.
La denuncia, de 56 páginas, está firmada por 76 senadores de Colombia y más de 70 de Chile y tiene como objetivo «que la Fiscalía pueda poner en observación a Venezuela y abrir una investigación formal» contra Maduro, manifestó Duque, senador del opositor partido colombiano Centro Democrático. Según detalló, esta denuncia es «un mecanismo para ejercer presión internacional a todos los crímenes que están ocurriendo en Venezuela».
76 senadores de Colombia y más de 70 en Chile han firmado la denuncia para “ejercer presión internacional”
El senador comentó que la CPI tiene mecanismos por los que «cualquier persona puede acudir ante la Fiscalía para presentar denuncias» para que se pueda abrir una investigación. Por ello, Duque espera que la corte con sede en La Haya ponga en observación al país petrolero como una forma de «disuadir esos ultrajes que se están cometiendo contra el pueblo venezolano«.
«Es una forma de mostrar que hay mas allá de los discursos en los salones de la diplomacia multilateral. Hay que pasar a acciones que permitan por lo menos alertar al mundo y a través de los cuales se puedan abrir canales (contra) las conductas que ha cometido Maduro», agregó Duque. La denuncia se basa en los presuntos delitos que consideran que ha cometido el Gobierno de Maduro que iniciaron las protestas opositoras contra su Ejecutivo hace más de 100 días y en las que han muerto más de 90 personas.
Las protestas opositoras de Venezuela empezaron hace más de 100 días y han muerto más de 90 personas
En opinión de Duque, la denuncia «muestra evidencias y soporta información pública» que permitirá que esa corte «deje en observación «con miras a investigación formal» a Maduro. El senador destacó que tienen también la aspiración de que la Corte «pueda alertar» de que lo que se vive en Venezuela es una «situación grave» en la que debe intervenir «un poder judicial independiente porque está cooptado por el Gobierno». Por ello considera que el futuro de Maduro «debe ser el del los dictadores que han intentado someter a sus pueblos y han cometido toda suerte de crímenes».
«El futuro que le espera debe ser que el pueblo venezolano lo remueva a través de canales democráticos porque es lo que el país está pidiendo», subrayó. Además, dijo que con la convocatoria de una Asamblea Constituyente, lo que busca Maduro «es ganar tiempo y tratar de valerse de una apariencia de democracia para aumentar su control del Estado venezolano». Por último, subrayó que «se necesita mayor capacidad de presión» internacional sobre Venezuela.
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