Opinión del Editor

Por Walter Krohne

Chile está entrampado en un curioso laberinto, porque por un lado sigue al pie de la letra las directrices que entrega la OCDE (*), acatando todos sus textos como si fueran sagrados,  quizá para dar a entender que nos “codeamos” con los países más desarrollados del mundo sin que el  Chile real así lo sea.

Ciertamente en casa la vida es a veces una tragedia absoluta por falta de elementos esenciales, técnicos, organización y medidas locales  para prevenir o afrontar  catástrofes en forma civilizada.

Ha habido casos en que el país ha sido sacudido por un terremoto y ni siquera se ha tenido a mano un número adecuado de aparatos para medir la intensidad o magnitud de las réplicas, debiendo hacerse gestiones de último minuto para adquirirlos y poder saber los grados de Mercalli y/o Richter que tienen o han tenido los movimientos. Los extremos han sido siempre los más duros y tristes, como fue el caso histórico del tsunami 27F que dejó un elevado saldo de víctimas fatales por haberse levantado anticipadamente la alarma respectiva  “por error”, cuya historia ya es archiconocida.

Es la improvisación que sigue estando presente en la mayoría de nuestras instituciones y en la vida diaria chilensis, a pesar que los políticos hablan continuamente de tecnología,  modernización y desarrollo.

Si el país se ve afectado por una lluvia torrencial el resultado es casi siempre el mismo: una tragedia, porque como no existe un adecuado Plan B, como debiera ser en un país miembro de la OCDE,  lo primero que ocurre es la suspensión del suministro de los servicios de luz, agua y las comunicaciones, aparte de las inundaciones, los derrumbes de casas (mal construidas, sin fiscalización o levantadas ilegalmente en terrenos no aptos), deslizamientos de tierra y los miles de damnificados.

Hace algunas semanas ocurrió algo así y hubo sectores de Santiago que se quedaron más de una semana sin luz ni agua.

Algunas fotos de la “nevazón” registrada en la capital chilena este fin de semana  fueron publicadas con cierta ironía en algunos medios europeos, ya que para ellos, comparativamente,  el fenómeno en si no fue realmente tan terrible como se dijo -claro, para el criterio del viejo mundo donde hay fiscalización efectiva-. Sin embargo algunos sectores santiaguinos ya completan tres días sin luz y  agua y en algunos casos también el teléfono cortado, aparte que el transporte público se vio poco, especialmente en las poblaciones.  Pero…¿cómo puede ser posible todo esto?

En la memoria tenemos todavía los incendios forestales del verano pasado que fueron otra dramática historia al  sorprender a los organismos de seguridad que casi en el momento mismo en que el fuego arrasaba poblaciones enteras, instalaciones y colegios, sus responsables comenzaron recién las gestiones para contratar aviones especiales. Ojalá que no ocurra lo mismo el próximo verano.

Es verdaderamente inconcebible que en Santiago caiga un poco de nieve y la ciudad se paralice quedando a la vista la ineficiencia de las empresas privadas que están a cargo en  Chile de los servicios básicos. Me recuerdo que cuando estos servicios fueron privatizados,  los políticos, que seguramente se “embolsaron” unas cuantas lucas,  nos dijeron que lo hacían para mejorar los suministros y favorecer al pueblo chileno que iba ya caminando por el sendero del desarrollo pleno.

Pamplinas !!!  Estos servicios no deberían haber sido privatizados nunca o no deberían haber quedado al margen del control del Estado. No hay que olvidar que éstos son servicios considerados estratégicos y deben ser controlados como tales. Estas empresas no invierten para mejorar los servicios y mantener medidas de precaución. Y no lo hacen para no bajar el nivel de sus ganancias o beneficios.

La Onemi (estatal) informaba hoy que más de 300 mil clientes se encontraban sin energía eléctrica tras la nevazón que afectó durante la madrugada de este sábado a gran parte de la Región Metropolitana.  Pero la empresa Enel Distribución, quien otorga suministro eléctrico a 33 de las 52 comunas de la Región Metropolitana, y también CGE, informaron que 71.000 clientes aún se mantenían con el servicio interrumpido. ¿A quién hay que creerle, al Estado o las empresas privadas?

Parece que en este país miembro de la OCDE, las autoridades no tienen la fuerza suficiente ni el poder para fiscalizar y controlar de una vez por todas a estas empresas que pertenecen a determinados grupos económicos que se han enriquecido con este negocio y que tras interrumpir el suministro no le devuelven al usuario el valor correspondiente por el producto no recibido durante horas y días. El trato no es el mismo cuando un usuario deja de pagar la mensualidad respectiva, porque “el castigo” lo aplican de inmediato con el corte del suministro.

Ya se dice que varios alcaldes se van a querellar contra Enel. Yo creo que sólo van a gastar tiempo y dinero porque estas empresas tienen a los abogados expertos que dilatarán los procesos  para al final silenciar y olvidarlo todo.

Y toda esta última tragedia del año ocurrió en un fin de semana bajo temperaturas bajísimas a las que no están acostumbrados los santiaguinos. ¡¡Paciencia, algún día seremos libres!!!

(*) Organización de Cooperación y Desarrollo Económico