Un año tardaría el Tribunal Regional Federal de la 4ª Región de Brasil, responsable de los procesos de la Operación Autolavado, para juzgar en segunda instancia el proceso que en primera instancia concluyó con la condena del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva. Es el plazo promedio que los jueces, con sede en Porto Alegre, vienen tardando para analizar los casos de la Operación.

Si es condenado por esa Corte hasta el 15 de agosto del próximo año, cuando se cierra el plazo para el registro de candidaturas a las elecciones de 2018, Lula no podría disputar ningún cargo electivo porque la sentencia dictada el último miércoles por el juez Sergio Moro determina su prohibición al ejercicio de cargo o función pública por 19 años. Aliados de Lula han afirmado que la decisión tiene como objetivo inviabilizar la candidatura a la presidencia del país del ya ex presidente.

Tras confirmar la recepción de la sentencia de Moro – tiene un plazo de diez días- los abogados del exmandatario tienen otros cinco días para presentar un recurso ante el Tribunal Regional Federal.

En la Corte, primeramente uno de los jueces deberá analizar el proceso y, a continuación, presentar un informe con su decisión sobre el caso. Solo después de eso será recién fijada la fecha del juicio.

Los jueces podrán votar por la absolución de Lula, por la confirmación de la sentencia del juez Moro o por la alteración de la pena.

La defensa de Lula da Silva entregó anoche la primera respuesta formal contra la condena en su contra determinada por el juez Moro, en que solicitó esclarecer «omisiones, contradicciones y oscuridades» existentes en el proceso.

Lula fue condenado a 9 años y 6 meses de prisión por corrupción y lavado de dinero en un caso que involucra la propiedad de una propiedad tríplex en la ciudad de Guarujá que el ex presidente habría obtenido de regalo de parte de la empresa OAS.

En un documento presentado en la Justicia Federal de Curitiba, la defensa de Lula ve, por ejemplo, una omisión con la pena aplicada y una contracción y oscuridad al descalificar las declaraciones de testigos de la defensa.

En total, la defensa de Lula presentó 10 cuestionamientos al juez Moro. «La sentencia embargada dedica largos párrafos (…) para promover ataques contra el expresidente Lula y sus defensores», escribieron los abogados Cristiano Zanin Martins, Roberto Teixeira, José Roberto Batochio y Valeska Teixeira Zanin Martins.

Los pedidos de la defensa de Lula tendrán que ser analizados por el propio juez Moro. Los abogados aún pueden apelar a la condena de Lula ante el Tribunal Regional Federal.