La denuncia que hizo anoche en Chilevisión el diputado René Saffirio (ex DC) , de que existía “una red de partidos e instituciones que son el núcleo de la tragedia» del Sename, ha causado una gran conmoción pública y estremeció a varias entidades como al Partido Demócrata Cristiano y a personeros de éste y otros partidos políticos.

El parlamentario, que también integró la primera comisión destinada a analizar las falencias del servicio, disparó muy fuerte  en contra de quienes él consideró responsables del mal funcionamiento del sistema. La acusación constitucional que presenté en contra de la ministra Javiera Blanco fue por notable abandono de deberes, porque en conocimiento de estar ocurriendo estas situaciones al interior del Sename, no hacía nada para remediarlo.

Saffirio dio a conocer su dramático informe, tras el rechazo del documento de conclusiones realizado por la Comisión Investigadora Sename II, que acusaba de «negligencia inexcusable» a la ex ministra de Justicia Javiera Blanco por la crisis en el organismo, que él voto en contra.

Haber aprobado el informe, dijo Saffirio,  significaba atribuir responsabilidad sólo a Javiera Blanco y yo estoy de acuerdo con que Javiera Blanco sí es responsable, pero también lo es Luis Bates, Isidro Solís, Carlos Maldonado, Felipe Bulnes, Teodoro Rivera, Patricia Pérez y José Antonio Gómez. Son siete ministros de Justicia entre el 2005 y el 2006. El que menos muertes registra durante su periodo es de 80. Los fallecimientos estaban ocultos bajo la figura de egresos administrativos. 1.313 muertes.

¿Sabes cuántas autopsias tiene el Servicio Médico Legal? 23. Sólo en 23 casos el Servicio Médico Legal hizo las autpsias de esos niños, en el resto de los casos ni siquiera se sabe de qué murieron. No se quiso asumir que aquí el Estado tenía que reparar a las víctimas. Para mi eso representaba un doble estándar en materia de derechos humanos (…). Yo creo que las víctimas debieran demandar al Estado. Él es el responsable de salvaguardar los derechos de los niños vulnerados. Aquí hay una vulneración sistemática de derechos humanos, afirmó Saffirio.

Agregó que “le quiero pedir a la Presidenta de la República que, en un gesto republicano, le pida perdón al país no sólo por los 1.313 muertos, sino que por la forma en la que el Estado de Chile, de la cual ella es la cabeza hoy, ha tratado a los niños, niñas y adolescentes estén o no bajo la tutela del Estado. La figura del Presidente Aylwin se engrandeció enormemente cuando, emocionado, le pidió perdón al país por las violaciones a los derechos humanos en dictadura. Yo creo, y se lo digo a la Presidenta, que una violación de derechos humanos en democracia y además cuando se hace respecto de un niño o incluso de un lactante, es lejos mucho más grave que una violación de derechos humanos en dictadura.

Si la Presidenta no está disponible para pedir perdón y reconocer que en Chile se violan los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes bajo la tutela del Estado, significa que está priorizando su retorno a las Naciones Unidas u otra organización internacional al término de su mandato.

Comentario de Pamela Castro

La directora nacional del Área de Ciencias Sociales de IP-CFT Santo Tomás, publicó en El Mostrador» el siguiente comentario:

Quisiera poner entre paréntesis las diversas, indignantes y atendibles consideraciones emocionales de la opinión pública debido al reciente descubrimiento de la cifra de fallecimientos de niños y niñas que se encontraban, paradójicamente, bajo el sistema de protección del Sename, y mirar, desde la punta del iceberg, lo que se visualiza al fondo del asunto.

Lo poco que es posible visualizar, dada la escasa claridad que aún se tiene de las circunstancias que contribuyeron a desencadenar la catástrofe, habla por sí solo. Más aún si se considera la tradicional forma de operacionalizar las políticas sociales en Chile.

Resulta urgente instalar la lógica de la visión de Estado frente a la necesidad del resguardo de derechos, por sobre la lógica de gobierno de turno. Esa lógica de los 4 años, de medida cortoplacista, carente de seguimiento de mediano y largo plazo, con una nula medición de impacto y que centra el éxito en aspectos intermedios propios del proceso de implementación expresado, en número de atenciones realizadas más que en los resultados reales orientados a la generación de cambios. Lo más complejo, es que parecieran no existir responsables concretos que asuman las consecuencias de situaciones tan graves como las que hemos presenciado. Culpables somos todos y ninguno.

Lo que muestra la crisis del Sename corresponde al fracaso en el resguardo de Derechos de los niños y niñas de nuestro país y de un sistema de gestión que tiene como punto de partida un débil diseño de programas asociados a una política social, un planteamiento de objetivos que no considera impacto real en la solución del problema, carencia en los sistemas de seguimiento y control y una pobre implementación.

Los niños y niñas de este país, así como la ciudadanía toda, merecen definiciones más concretas acerca del resguardo de sus derechos. Resguardo integral, a partir de coordinaciones intersectorial de alto nivel técnico más que político, que funcionen con una visión de desarrollo real. Al igual que en otras esferas, hoy se exige que la institucionalidad funcione seriamente en materia social. Tal vez de esta forma no se tengan que anunciar medidas tardías y estirar los insuficientes recursos para resolver el grave problema, de un día para otro.