La Fiscalía brasileña acusó al presidente brasileño Michel Temer por corrupción pasiva, cargo que solo será aceptado tras un análisis del Supremo y con el aval de la Cámara Baja, informaron fuentes oficiales.

El primer análisis de la denuncia será hecho por el juez Edson Fachin, instructor del caso en El Tribunal Supremo, quien decidirá luego si la remite a la Cámara Baja, que tendrá la última palabra sobre el asunto por normas constitucionales, según las cuales Temer será suspendido de sus funciones por 180 días si fuera aceptada.

Es la primera vez que un mandatario brasileño en pleno ejercicio del poder es acusado formalmente de haber cometido delitos de tipo penal, como es el caso.

En medios políticos y jurídicos esta denuncia se daba como un hecho, sobre todo porque el fiscal general, Rodrigo Janot, adelantó la semana pasada su convicción de que Temer “recibió ventajas ilícitas” del grupo JBS (productor de carne más grandel mundo), que supuestamente negociaba su antiguo asesor Rodrigo Rocha Loures, hoy en prisión por ese mismo asunto.

El mismo convencimiento ha mostrado la Policía Federal, a cargo de las investigaciones y que en un informe preliminar entregado la semana pasada al Supremo sostuvo que existen “serios indicios” de que el mandatario incurrió “con vigor” en prácticas corruptas.

En otro informe entregado hoy, la Policía Federal concluyó que Temer también intentó “obstaculizar investigaciones” y “dejó de comunicar a las autoridades” las maniobras corruptas de las que tuvo conocimiento, lo que pudiera generar otras denuncias.

Las sospechas se desprenden de confesiones hechas por directivos del grupo JBS, quienes han declarado que sobornan al mandatario desde 2010 y además han entregado a la justicia unas grabaciones que comprometen al gobernante.

En esos audios, Temer escucha en silencio y hasta consiente unas maniobras irregulares que el dueño de JBS, Joesley Batista, dice que realiza en favor de su grupo tanto con autoridades del Gobierno como con representantes del poder judicial.

Esas grabaciones fueron hechas por Batista durante una visita que hizo a Temer en marzo pasado, por lo que la sospecha que se teje en torno al mandatario se refiere a hechos ocurridos en el ejercicio de su mandato, algo que la Constitución impone como requisito para que un gobernante pueda ser objeto de un proceso penal.

La Policía Federal sostiene que existen “serios indicios” de que el mandatario incurrió “con vigor” en prácticas corruptas

En caso de que el juez Fachin considere procedente la denuncia, la decisión final será tomada por la Cámara de Diputados, que la analizará primero en la Comisión de Constitución y Justicia y luego en el pleno del órgano legislativo.

En caso de que los diputados avalen la denuncia con una mayoría de dos tercios del pleno, Temer sería suspendido de sus funciones durante un plazo de 180 días y su vacante sería cubierta en forma interina por el presidente de la Cámara Baja, Rodrigo Maia.

Si fuera finalmente condenado, en un plazo de treinta días Maia debería convocar a las dos cámaras legislativas para elegir en forma indirecta a quien completaría el período presidencial, que en este caso concluye el 1 de enero de 2019.

Sin embargo, todo eso quedaría en nada si los diputados rechazan la denuncia, pues eso obligaría al Supremo a archivar el caso y el presidente continuaría en el poder.

El actual mandato presidencial lo inició el 1 de enero de 2015 Dilma Rousseff, quien fue destituida por irregularidades fiscales el año pasado y sustituida por Temer, quien era el vicepresidente.

Temer rechaza la acusación

El presidente Michel Temer hizo un pronunciamiento este martes para refutar la denuncia que el fiscal general Rodrigo Janot presentó ayer en su contra ante al Supremo Tribunal Federal (STF). Quienes lo acusan, dijo, “reinventan el código penal” para incluir una nueva categoría, la de la denuncia basada en suposiciones. En ese sentido, ha dicho ser víctima de ataque “injurioso, infame e indigno”.

“He sido denunciado por corrupción pasiva sin haber recibido nunca ningún valor, sin ver dinero alguno ni participar en actos delictivos. Al final, ¿dónde están las pruebas concretas? No existen”, declaró el jefe de Estado.

Temer es acusado de corrupción pasiva, y la denuncia presentada en su contra se apoya en confesiones que hicieron directivos de la empresa cárnica JBS. Esta es la primera vez que un presidente en pleno ejercicio del poder es denunciado a la corte suprema del país por corrupción.

El presidente calificó la denuncia de “pieza de ficción”. “Crearon una nueva trama de novela. La denuncia es una pieza de ficción”, dijo.

Acerca de la grabación de la conversación que mantuvo con el empresario Joesley Batista, en el Palacio de Jaburu, Temer afirmó que se trata de una prueba ilícita que no puede ser aceptada por la justicia.

Defensa de ministros

Al comentar este martes la denuncia de la Fiscalía General de la República (PGR) presentó ayer (26) contra Temer, según el ministro de Salud Ricardo Barros, que  al poder judicial no le interesa que se apruebe una reforma al sistema de pensiones planteado el gobierno, pues sus miembros conforman una categoría “privilegiada” y por eso hace ”todo lo posible” por obstaculizar el trámite de la propuesta. “El poder judicial es la categoría más privilegiada de funcionarios, y como tal evidentemente no quiere que se apruebe la reforma al sistema de pensiones y hace todo lo posible para impedir su votación”, dijo.

Para el ministro, la denuncia fue movida por intereses. “Es una articulación, un juego de intereses corporativos que se mueve a diario delante de nuestros ojos.

Por otra parte el Ministro de Planificación, Desarrollo y Gestión Dyogo de Oliveira reafirmó este martes que el gobierno seguirá trabajando para aprobar las reformas laboral y de pensiones. Dijo además que no cree que la denuncia presentada por el  fiscal general de la República contra el presidente Michel Temer vaya a paralizar el Congreso Nacional.

“Insistiremos en la aprobación de las reformas, en especial la reforma laboral y la de pensiones, que ya fueron presentadas por el gobierno y se  tramitan en el Congreso”, dijo el ministro en una entrevista que concedió luego de asistir a una audiencia pública en la Comisión Mixta de Presupuesto (CMO).