Los nueve bolivianos imputados y condenados por los delitos de robo con violencia y contrabando en el norte chileno fueron expulsados de Chile.

La resolución fue adoptada por el Juzgado de Garantía de Pozo Almonte donde se realizó la audiencia este miércoles en la cual se dio la sentencia del juicio abreviado que enfrentaron el día de ayer los bolivianos detenidos desde el 19 de marzo en la I Región.

Según precisa el fallo de 46 páginas que leyó la magistrada Isabel Peña, las nueve personas fueron condenados por los delitos de robo con violencia y contrabando. Además, dos de ellos (militares) por porte ilegal de armas.

De esta forma, Alex Carvajal, Carlos Calle, Arsenio Choque, Casimiro Tórrez, David Quenallata, Karl Luis Guachalla, Bryan Quenallata, Edilberto Raúl Flores y Diego Guzmán, que figuran como empleados de la Aduana boliviana, fueron condenados al pago de una multa de poco más de 32 millones de pesos, por el delito de contrabando. Así, Carvajal y Calle (militares)  fueron además condenados a tres años y un día de cárcel por el delito de porte ilegal de armas.

Dichas penas de privación de libertad, eso sí, serán sustituidas por su expulsión del país, la cual deberá materializarse dentro de los próximos 30 días. Se determinó, para el primer grupo de condenados, que no podrán ingresar al país en al menos 10 años, mientras que el segundo en al menos 20.

Como se comunicó durante la diligencia, el actuar de los imputados no fue motivado por la persecución de un delito, pues se han logrado acreditar los elementos propios del delito de robo con violencia.

Se estableció, también, que no parece lógico ni coherente que profesionales altamente calificados no portaran un sistema georeferencial que le permita tener certeza de dónde se encontraban, sobre todo, cuando ellos mismos reconocieron que en dicha zona no se puede saber a simple vista si se está en Chile o en Bolivia. Por ello, se estableció que los nueve sujetos sabían en todo momento que estaban en territorio chileno.

La jueza comunicó que su calidad de funcionarios públicos de Bolivia, no le resta validez a los delitos que se dieron por acreditados. No cuentan con inmunidad diplomática, por lo cual les es aplicable la legislación penal nacional.

Los nueve individuos permanecieron cerca de tres meses en prisión preventiva, desde el 22 de marzo, día en que fueron formalizados.

El Ministerio Público había solicitado que los bolivianos sean declarados culpables en los tres delitos y multados con el pago de $32.176.272, mientras que la defensa, pedía que en el caso que fueran declarados culpables, la pena se sustituya con la expulsión del país.

Reacción boliviana

El gobierno de Bolivia se refirió esta tarde a la sentencia que el tribunal de Pozo Almonte efectuó en torno a los nueve bolivianos detenidos. El Juzgado de Garantía de esa comuna condenó a los individuos por delitos de robo con violencia y contrabando, y a dos de ellos por porte ilegal de armas, con lo que se decretó expulsarlos dentro de los próximos 30 días.

“No es sorpresa, era algo que se preveía. Confirma que finalmente el Órgano Judicial de Chile no podía desmentir a su Jefe de Estado. La Presidenta, antes de la presentación incluso a la audiencia cautelar de los nueve detenidos, calificó los delitos y era muy difícil que una jueza vaya con una sentencia a desvirtuar la acusación hecha por la Presidenta Michelle Bachelet”, dijo el ministro de Defensa altiplánico, Reymi Ferreira, a radio Red Patria Nueva.

Asimismo, lamentó que no fuera “la decisión que se esperaba. Lo positivo, si hay algo positivo en esto, es que los vamos a tener (a los detenidos) en unos días más porque se les ha conmutado la privación de la libertad por la expulsión”.

Además, lamentó que el tribunal no considerara la denuncia de tortura contra los bolivianos detenidos: “Como Gobierno habíamos anunciado que vamos a interponer una acción a nivel del Pacto de Bogotá, porque da pena y es lamentable que la jueza no haya tomado en cuenta, aunque lo hicieron de propia voz los procesados, la denuncia de tortura de la que fueron víctimas”.

“Son delitos que no sólo son sancionados en la ley penal chilena, sino que son delitos que son penados por diferentes acuerdos internacionales e instrumentos de derechos humanos, y por eso se hará la representación”, concluyó, según publicó La Tercera.