La falta de consenso sobre el caso de Venezuela originó gran frustración entre los estados americanos en las sesiones de la 47  Asamblea General de la OEA, reunida en la ciudad mexicana de Cancún. La infructuosa votación registrada el lunes por la noche, en la que una resolución de condena del régimen de Nicolás Maduro no obtuvo la mayoría necesaria, provocó el desaliento entre diversas delegaciones.

El ministro del Exterior de México, el país anfitrión de la Asamblea, Luis Videgaray se preguntó: “¿Qué vamos a decirles a quienes están en las calles de Venezuela, a los que mueren en ellas, si somos incapaces de denunciar la falta de libertades en ese país?»

La declaración promovida por México y auspiciada por los principales Gobiernos de la región necesitaba 23 votos a favor para ser aprobada: contó con 20 aprobaciones, cinco votos en contra y ocho abstenciones. La canciller venezolana, Delcy Rodríguez, celebró el resultado después de haber abandonado la sesión y pese a constatarse la pérdida de influencia de su Gobierno en la región.

El País comentó hoy que la correlación de fuerzas en América Latina ha cambiado drásticamente en los últimos años. Venezuela no cuenta ya con el respaldo de antaño, cuando en Sudamérica predominaban los Gobiernos del considerado socialismo del siglo XXI y la bonanza de los precios del crudo permitió el impulso de Petrocaribe, la organización con la que Hugo Chávez logró la fidelidad absoluta de más de una decena de pequeños países. En esta ocasión, solo cinco votaron en contra de condenar a Venezuela: Nicaragua, Bolivia, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas y Dominica. Sus gobiernos representan a unos 17 millones de personas, por los más de 500 millones que abarcan los 20 países que votaron en a favor de la resolución, sin contar a Estados Unidos y Canadá.

Ocho países se abstuvieron en la votación de la resolución que pedía la liberación de los presos políticos, el inicio de un proceso de diálogo entre el Gobierno y la oposición y se frenase la celebración de una Asamblea Constituyente en Venezuela: Ecuador, uno de los aliados más férreos de Venezuela en la historia reciente, El Salvador, República Dominicana, Haití, Granada, Surinam, Trinidad y Tobago y Antigua y Barbuda, todos se abstuvieron. La importancia de la llamada diplomacia petrolera fue capital en ese sentido. Haití, por ejemplo, tiene una deuda de unos 1.500 millones de dólares con Venezuela, por los más de 900 de El Salvador o los 350 de Antigua y Barbuda. En el caso de República Dominicana, el Gobierno de Venezuela anunció en enero de 2015 que reducía en un 52% de la deuda del país caribeño, que se había estimado en algo más de 4.100 millones de dólares, la mayor parte por acuerdos en el marco de Petrocaribe.

La canciller venezolana Delcy Rodríguez abandonó el lunes la reunión de los representantes de Exteriores y aseguró, de nuevo, que jamás regresaría a la OEA. Este martes, no obstante, participó en la primera sesión de la Asamblea General. Cada vez que un país hacía una mención a la deriva autoritaria de Venezuela, Rodríguez pedía el turno de réplica para criticar la intervención y acusar al ponente de injerencia.

Si se votara en el plenario de la Asamblea General (34 países miembros) bastarían 18 votos para ser aprobada, pero sin nuevas negociaciones eso podría llevar a una gran confrontación interna. De hecho, la titular de Exteriores venezolana, Delcy Rodríguez, advirtió que algunos países podrían secundar a Venezuela en su propósito de abandonar la OEA.

Algunos de los principales estados, impulsores de la censura a Maduro, recriminaron a los ocho países que se abstuvieron y los cinco que votaron en contra que estén dando oxígeno al régimen chavista.

Chile acusa a Bolivia

En el marco de la asamblea, el canciller boliviano Fernando Huanacuni lanzó una ofensiva contra Chile y solicitó la «liberación inmediata» de los nueve ciudadanos detenidos en la frontera, lo que recibió la inmediata respuesta chilena del canciller Heraldo Muñoz: “Chile no acepta que se ventile en la Organización de Estados Americanos una situación judicial interna de mi país”.

En la primera sesión plenaria de la Asamblea Huanacuni afirmó que los nueve ciudadanos bolivianos detenidos en la frontera son servidores públicos dedicados a la lucha contra el contrabando y solicitó a Chile “su inmediata liberación”.

Ante esto, Heraldo Muñoz aseveró: “Quiero reiterar la molestia de mi gobierno y, especialmente, porque ha mencionado a nueve ciudadanos bolivianos detenidos en territorio chileno acusados por los tribunales independientes de porte ilegal de armas prohibidas en Chile, robo con violencia y contrabando, porque hicieron uso, según la Fiscalía, de su armamento en suelo chileno en contra de ciudadanos de mi país, aduciendo que estaban realizando actividades anti contrabando”.

“Ellos fueron capturados tratando de huir hacia territorio boliviano llevándose un camión de matrícula chilena. Al menos el gobierno boliviano ha cambiado de versión porque originalmente hablaban de secuestro, que estas personas habían sido secuestradas en territorio boliviano. Ahora no han insistido en esa versión”, agregó.

En esta línea, el ministro sostuvo que “los tribunales de justicia en Chile son independientes, hay separación de poderes y hay estado de derecho y el juzgado decretó la formalización de estos nueve ciudadanos y dictó la medida cautelar de prisión preventiva de 120 días para investigación”

Y justamente esta mañana comenzó en Antofagasta el juicio contra los nueve bolivianos detenidos en Chile en marzo de este año, que se encuentran acusados de los delitos de robo con violencia, porte ilegal de armas y contrabando.

Al comienzo de la audiencia, los siete funcionarios y dos militares bolivianos fueron consultados sobre si aceptaban someterse al procedimiento abreviado, quienes aceptaron, asegurando que no fueron presionados para esto.

En la instancia, el Ministerio Público solicitó que los bolivianos sean declarados culpables en los tres delitos y multados con el pago de $32.176.272.

La defensa, en tanto, pidió que de ser declarados culpabbles, la pena se sustituya con la expulsión de los bolivianos de Chile.