Un grupo de casi 200 legisladores demócratas están demandando al presidente Donald Trump por el dinero extranjero que fluye en su imperio empresarial global.

El senador de Connecticut Richard Blumenthal y el representante de Michigan John Conyers presentarán una demanda en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos del Distrito de Columbia. Es la última bala disparada por los demócratas contra el gobierno de Trump en el Capitolio, después de presionar el martes a su Fiscal General, Jeff Sessions, para obtener información sobre la injerencia rusa en la campaña del presidente.

Los demandantes argumentan que tienen derecho a demandar porque la cláusula dice que sólo el Congreso puede aprobar donaciones y pagos extranjeros. “Los redactores dieron al Congreso un papel único, un derecho único y la responsabilidad”, dijo el senador Richard Blumenthal, un demócrata de Connecticut que ayudó a organizar la demanda.

Trump cedió el control de su inmenso entramado empresarial -la Organización Trump- poco antes de llegar al poder para alejar así las sospechas sobre conflictos de interés que han surgido de igual forma, ya que las compañías quedaron en manos de sus hijos Donald Junior y Eric, por lo que siguen en el más íntimo círculo presidencial.

No obstante, se conoce que el Trump International Hotel de Washington organizó una fiesta para la embajada kuwaití. En mayo, una firma que representa al gobierno de Arabia Saudita reveló que había pagado más de 250.000 dólares en alojamiento y servicios de catering al hotel.

Los demócratas y otros opositores de Trump sostienen que tales acuerdos violan una cláusula de la Constitución que prohíbe a los funcionarios de los Estados Unidos aceptar “cualquier presente, cargo o título, de cualquier tipo, por parte de cualquier rey, príncipe o estado extranjero” sin el consentimiento del Congreso.

El lunes, los abogados generales de Maryland y el Distrito de Columbia interpusieron una demanda en un tribunal federal en Maryland, acusando al Trump de poner hoteles, complejos turísticos y centros de convenciones propiedad o operados por sus gobiernos en una desventaja competitiva. Algunos expertos legales han sugerido que este pleito tiene la mayor probabilidad de que proceda porque un estado es considerado un “soberano equivalente” al presidente.

La crisis provocada por la interferencia rusa en las elecciones de Estados Unidos en 2016 ha experimentado un salto cualitativo con la publicación, por el diario ‘The Washington Post’, de que el fiscal especial del caso, Robert Mueller, está investigando si Donald Trump realizó obstrucción de la Justicia. Si ése fuera el caso, Trump habría cometido un delito que abriría potencialmente las puertas a que el Congreso de EEUU iniciara los trámites para destituirle. Otra cosa es, evidentemente, que Mueller alcance esa conclusión, y que el Congreso, que está controlado por los correligionarios republicanos de Donald Trump, vaya a acceder a ello.

La clave está en las acusaciones del ex director del FBI, James Comey, de que Trump le insinuó que abandonara la investigación sobre las relaciones entre su ex consejero de Seguridad Nacional, el general retirado Mike Flynn, y el Gobierno ruso. Comey afirma que Trump le dijo que «dejara pasar» la investigación a Flynn. En un primer momento, la Casa Blanca negó que hubiera existido ese intercambio entre el presidente y el jefe del FBI. Ahora admite que sí se produjo. Pero que tan solo se trató de un deseo por parte de Trump, no de una orden.

La conversación tuvo lugar un día después de que Flynn tuviera que dimitir debido a sus vínculos con el Gobierno ruso. El mes pasado, Comey fue destituido por Trump debido «a esa cosa de Rusia», según declaró el propio presidente. Ese cese fue lo que provocó el nombramiento de Mueller como fiscal especial.

De acuerdo con la información de ‘The Washington Post’ – que desveló también los contactos con Rusia tanto de Flynn como del fiscal general, Jeff Sessions -, Mueller ve la cuestión «como algo más serio que un simple «él dijo una cosa y yo dije otra». El fiscal especial, que fue director del FBI antes que Comey, ha llamado a declarar a varios altos cargos de los servicios de inteligencia de Estados Unidos con respecto al ‘Rusia gate’. Mueller ha formado un equipo legal con amplia experiencia, y en los últimos días los aliados de Trump han iniciado una campaña para desprestigiarle, a pesar de que el fiscal especial dirigió el FBI con un presidente republicano – George W. Bush – y con otro demócrata – Barack Obama -.

El martes, los rumores sobre la posible destitución de Mueller por Trump alcanzaron un nivel tal que los propios líderes republicanos, encabezados por el presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, tuvieron que hacer un llamamiento al jefe del Estado y del Gobierno para que no lo hiciera.

De acuerdo con la información de The Washington Post, Mueller tambien está investigando un área potencialmente muy peligrosa para Trump: la comisión de posibles delitos económicos por parte de miembros del equipo del presidente. Su secretario de Comercio, Wilbur Ross, tiene vínculos indirectos con Rusia a través de bancos chipriotas, y Trump ha sido multado en el pasado por permitir blanqueo de dinero en sus casinos, que posteriormente quebraron.

Trump respondió ayer por medio de su abogado, Marc Kasowitz que declaró, a través de un portavoz, que la publicación de informaciones sobre el trabajo de un fiscal especial como Mueller «es escandalosa, inexcusable, e ilegal».