El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) exhortó hoy a Chile y Bolivia a resolver la controversia originada  por la detención de nueve funcionarios bolivianos por la vía del diálogo y de la diplomacia, hecho ocurrido en marzo pasado en la frontera chilena.

«En relación a este asunto, el Consejo Permanente exhorta a los países involucrados a efectuar el uso de todos los mecanismos de diálogo y de diplomacia a fin de resolver la situación lo más rápidamente posible», dijo el vicepresidente del Consejo Permanente de la OEA, Jean Víctor Harvel.

El representante internacional hizo ese llamado a la conclusión de la intervención de los representantes de Bolivia y Chile en una sesión del Consejo Permanente en Washington, en la que el canciller boliviano Fernando Huanacuni y el ministro de Justicia, Héctor Arce, oficializaron la denuncia boliviana sobre la detención de bolivianos.

Arce, en su intervención, dijo que Chile, en lugar de devolver a Bolivia a los nueve funcionarios, optó por judicializar un incidente común en zonas fronterizas para mantener humillados a esos ciudadanos en una cárcel en un acto de arbitrariedad, que seguro quedará grabado en la memoria negativa de las relaciones entre ambos países.

Por su parte el canciller boliviano, Fernando Huanacuni, afirmó que Bolivia decidió acudir ante la OEA para poner en conocimiento de todos sus países miembros la detención de los nueve bolivianos (dos militares y siete servidores públicos de la Aduana Nacional) porque esa acción asumida en Chile fue completamente injusta. En este contexto Bolivia habló también de torturas contra los detenidos.

El embajador chileno ante la OEA, Aníbal Barría, calificó de falsas las acusaciones de Bolivia en relación a los nueve bolivianos detenidos por contrabando en el norte.

«Este fue un acto propagandístico fallido en la OEA, porque pretendieron en el Consejo Permanente hacer un caso de la detención de los nueve bolivianos, que fueron detenidos en territorio chileno y son acusados de robo con violencia, porte ilegal de armas y contrabando», reiteró Barría.

El embajador chileno añadió que este tema «está en manos de la justicia», por lo que se trata de «un asunto judicial interno de nuestro país». De todos modos, enfatizó que la presentación no tuvo «ningún eco».

Otro aspecto que resaltó el secretario de Estado es que los bolivianos «han tenido todas las garantías de un debido proceso en un estado de derecho».

Por último, calificó como «un insulto» hablar de torturas, ya que nuestro país «conoce bien la tortura. Más de 35 mil torturados y presos políticos y que se haga propaganda con eso, representa la falta total de credibilidad del gobierno boliviano, que no nos asombra casi nada de lo que dicen, pero aparentemente todos los días intentan superarse».

Mientras tanto, el canciller chileno Heraldo Muñoz calificó hoy de «acto propagandístico fallido» y acusó a Bolivia de «insultar» a Chile por hablar de supuestas «injusticias y torturas» por parte de las fuerzas de seguridad al grupo de altiplánicos en relación al caso de nueve bolivianos detenidos en territorio chileno  en marzo pasado y son acusados de robo con violencia, porte ilegal de armas y contrabando».