“A nivel mundial, más del 90% de los servicios sanitarios son administrados por el Estado gracias a la férrea oposición al ingreso de actores privados, que suele traducirse en mayores tarifas y menor responsabilidad sobre la infraestructura” como publicó el diario británico The Guardian.
Además los servicios vitales, como también la energía eléctrica y el gas son considerados igualmente estratégicos y deben ser necesariamente administrados directamente por el Estado. Sin embargo, Chile representa uno de los pocos países en que estos servicios están en manos privadas. Por ejemplo, Chile es el país con la mayor privatización de agua del mundo con un 95,8% de la población bajo sus servicios, registra el diario londinense sobre la base de un estudio de la Fundación canadense Blue Planet Project (BPP). La tragedia chilena comenzó hace 20 años, cuando el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle logró que el Congreso aprobara el marco legal para iniciar el proceso de privatización de las empresas sanitarias.
En un artículo firmado por Meera Karunananthan, directora de la ONG canadiense Blue Planet Project (BPP), reproducido por Radio Bío Bío, y patrocinado por la fundación mexicana Femsa se explica cómo el supuesto éxito del proceso de privatización del agua chileno no sólo es un mito, sino que se está convirtiendo en un castillo cuyos cimientos horadados lo tienen a punto de colapsar.
“A nivel mundial, más del 90% de los servicios sanitarios son administrados por el Estado gracias a la férrea oposición al ingreso de actores privados, que suele traducirse en mayores tarifas y menor responsabilidad sobre la infraestructura. De hecho, la ONG danesa Transnational Institute ha documentado 235 casos de comunidades que han recuperado la administración del agua de manos privadas entre 2000 y 2015″, explica Karunananthan.
El texto indica que si bien en Chile es común creer que la privatización mejoró las condiciones sanitarias del país, fue en realidad el financiamiento público previo al traspaso el que permitió extender la cobertura. Aún más preocupante, mientras el desgaste de aquella inversión estatal y los nuevos desafíos del cambio climático exigen una nueva inversión por parte de los actuales dueños de las sanitarias, estas han incumplido los requerimientos mínimos estipulados por la autoridad.
En efecto, según cifras del gobierno, la empresa Aguas del Valle sólo invirtió un 49% del mínimo recomendado para 2014, mientras que Essbio y Esval invirtieron un 75% y 64% del mínimo recomendado, respectivamente.
Las cifras se condicen con las denuncias que en febrero de este año hacía el intendente de la región Metropolitana, Claudio Orrego, quien aseguró que la empresa Aguas Andinas no ha realizado las inversiones necesarias para evitar que los efectos de sistemas frontales que azoten a la zona resulten en los últimos 3 cortes masivos de suministro que han afectado a más de 7 millones de santiaguinos, registra Bío Bío
“Las medidas no son suficientes y necesitamos cosas de mayor envergadura. No es que la autoridad se haya quedado de brazos cruzados, sino que las inversiones que hay que realizar son cuantiosas y significativas y le corresponden a Aguas Andinas”, indicó en la oportunidad el personero, según Bío Bío.
La situación se hace más crítica en lugares afectados por la sequía o aún sin acceso al agua potable. Los primeros, porque las mismas sanitarias han canalizado el agua para abastecer a los grandes centros urbanos dejando sin acceso a pequeñas comunidades, como denuncian los habitantes del pueblo de Cabildo en la provincia de Petorca. Los segundos, porque simplemente no son zonas lucrativas, dejando la misión de abastecerlas de agua a los servicios de Agua Potable Rural (APR) financiados por el Estado.
Ante lo que parece ser la evidente necesidad de un cambio en el modelo de administración de las empresas sanitarias, Chile se encuentra en un dilema. Debido a que ha firmado 26 acuerdos comerciales con 62 países desde que se iniciaran los procesos de privatización en 1990, estos advierten severas sanciones o abren la puerta a demandas por parte de las corporaciones afectadas en caso de que nuestro país decida cambiar las normas o las cuotas de privatización.
La situación se ha tornado tan surrealista, que organizaciones como BPP están pidiendo a la Asociación de Profesores Pensionados de Ontario (OTPP) en Canadá, que accedan a apoyar la restitución de los derechos de agua al Estado chileno. ¿Por qué? Porque su consorcio es el mayor inversionista en las principales sanitarias chilenas, con un 41% de acciones en Essbio, Esval y Aguas del Valle. “La crisis del agua en Chile es compleja, pero entrega a los profesores canadienses de una oportunidad única para apoyar el creciente movimiento antiprivatización y ayudar a los chilenos a sacudirse las últimas cadenas legadas por el régimen de Pinochet”, sentencia Karunananthan, como reproduce Bío Bío.
