Por Manuel Acuña Asenjo

El día miércoles 10 del presente, la Unidad de Investigación del Canal Mega —que, valiéndose de las disposiciones contenidas en la Ley de Transparencia, tuvo acceso a informaciones contables que sindicaban al partido Socialista como receptor de parte del Estado de una compensación económica de 7.200.000.000 pesos por bienes expropiados a esa colectividad durante la dictadura— emitió un programa especial en el informativo de ese canal televisivo ‘Ahora Noticias’, denominado ‘Los millonarios negocios del PS’. Según lo expresado en ese ‘especial’ del canal, desde 2003 en adelante, una Comisión Patrimonial del PS inició una serie de inversiones en acciones de la Bolsa de valores y empresas como SQM, Pampa Calichera, y otras, logrando que, a 2013, los dineros acumulados que había recibido se elevasen por sobre los 13 mil millones de pesos.

La revelación ha resultado ser demoledora. Desde todos los rincones de la escena política nacional han surgido voces preguntándose no solamente el por qué de esa conducta, sino por qué esa misma circunstancia provoca tal revuelo, qué es lo más grave o censurable de los hechos denunciados. O por qué una acción de esa naturaleza produce semejante conmoción.

Y es que los partidos políticos no son diferentes a las personas naturales que deben luchar por subsistir dentro del sistema y, por lo mismo, actuar dentro de las reglas que éste ha impuesto. En ese sentido, es obvio que los partidos no sólo pueden sino deben adquirir bienes físicos, hacer inversiones y protegerse, como todos lo hacemos, ante las eventualidades. Por mucho que estén dispuestos a cambiar el sistema en donde se desenvuelven.

La cuestión es que no siempre todo puede hacerse. La política tiene ciertos límites imposibles de trasgredir o  sobrepasar. Tales límites no están determinados solamente por la capacidad económica del sujeto —o su posición de poder dentro de la sociedad—, sino por reglas consuetudinarias que han permitido al mismo elevarse por encima de los demás hasta colocarlo en una posición de privilegio. Se trata de principios que arrancan, a veces, de su propuesta programática (principios políticos) u, otras veces, de principios que impone la ética vigente en esa sociedad (principios morales). Cuando dichos principios se atropellan, el juicio social es lapidario y el trasgresor debe enfrentar a la comunidad.

Es lo que ha sucedido con el partido Socialista de Chile o, como también se autoproclama, ‘el partido de Allende’.

CONSIDERACIONES

No estimamos nosotros los hechos como algo intrascendente o que puedan pasar inadvertidos; por el contrario, nos parecen del más alto interés. Y es que existen y  conducen a formular consideraciones imposibles de soslayar.

  1. La primera de esas consideraciones reviste un carácter exclusivamente teórico. Se refiere a la hegemonía que ejerce determinada fracción de la clase de los compradores de fuerza o capacidad de trabajo al interior del Bloque en el Poder.

Como lo hemos indicado en otros de nuestros trabajos, al interior del Bloque en el Poder que existe en Chile, se encuentra la fracción bancaria, aliada a la comercial, dirigiendo dicha estructura en su conjunto. El hecho que sea la banca quien hegemonice aquel Bloque no es superfluo. La fracción bancaria nos enseña que es posible vivir sin necesidad de producir plusvalor sino, simplemente, transfiriéndolo de una fracción a otra y multiplicando sus efectos a través de la creación indiscriminada de títulos mobiliarios, títulos que se generan sobre otros títulos, es decir, especulando, acrecentando cifras que se elevan y elevan no representando relación alguna con la producción. Como lo hace George Soros, como lo hacen los demás especuladores de la Bolsa, es decir, viviendo de la multiplicación de los valores, como si eso representara, verdaderamente, un modo de vida racional. Invertir en valores que representan valores, representativos, a su vez, de otros valores que se multiplican al entrar en contacto con nuevos valores, no implica más que estar de acuerdo con un modo de vida no sólo por entero irracional sino al que, precisamente, se quiere poner fin por ser causante de las injusticias ejercidas sobre quienes venden diariamente su fuerza de trabajo como son los trabajadores. En ese caso, la organización política que realiza tales prácticas no necesita comprometerse con el oprimido o el explotado, ni decir que lucha por terminar con las desigualdades porque, en realidad, no está sino reafirmando la vigencia del sistema con sus propias acciones. Si se trata de un partido ‘socialista’ no podrá ver diferencia alguna entre su actuar y el que realiza lo que él mismo denomina ‘derecha’: ambos están hermanados en la defensa del sistema pasando a formar parte de una moneda que tiene la misma efigie en su anverso y reverso. En primer lugar.

  1. Una segunda crítica que puede hacerse a semejante comportamiento es que las inversiones realizadas por el PS se hicieron precisamente en las empresas que se encuentran hoy investigadas por lo que ha dado en denominarse ‘financiamiento irregular de la política’, eufemismo con el que se pretende obviar la verdadera denominación de ese hecho que es el soborno o la coima; en suma, la corrupción.

Porque, dejémonos de delicadezas, lo que existe detrás del ‘financiamiento irregular de la política’ es la compra de parlamentarios y personas públicas por parte del empresariado chileno. Los casos del ex senador Jaime Orpis y de la ex diputada Marta Isasi no son los únicos sino los más conocidos; porque tampoco lo es el de Iván Fuentes, sobornado por las pesqueras merced a la gestión del diputado Patricio Walker. Fulvio  Rossi, Iván Moreira y Felipe de Mussy son personajes sobornados. Aunque lo nieguen una y mil veces e, incluso, las sentencias que los deberían condenarlos los absuelvan, han sido comprados por los empresarios. Constituyen la muestra manifiesta de lo que sucede con gran parte de los personajes públicos. Por lo mismo, invertir en empresas que se dedican a comprar parlamentarios y personajes concidos no sólo constituye una aberración sino pasa a ser la forma de perpetuar esa manera de hacer política que no enaltece en modo alguno la existencia de un partido que se dice heredero de Allende.

  1. Una tercera crítica que se puede hacer a la práctica en que incurrió el PS con esas inversiones es que éstas no se hicieron en cualquier parte sino, principalmente, en negocios con el ex yerno de Pinochet, Julio Ponce Lerou, personaje que no aparece inculpado en querella o denuncia alguna, personaje invisible protegido por el ‘staff’ político de la llamada Concertación.

Grave asunto éste pues no sólo implica la connivencia de la víctima con el verdugo sino su sostenimiento y perpetuación, situación que nos conduce a intentar explicarnos el por qué de esta anómala conducta, que se presenta tan similar al ‘síndrome de Estocolmo’. Esta situación no es nueva en la política chilena; no es distinta a la vinculación de fraternidad económica que establecieron algunos personajes públicos cuyos progenitores fueron asesinados por la dictadura con los herederos políticos (y carnales) de ésta, por interpósita persona: nos referimos a Marco Enríquez Ominami, a Carolina Tohá y a Michelle Bachelet que actuaron para conseguir el apoyo económico para las campañas electorales, políticamente, a través del militante de la Izquierda Cristiana (hoy Izquierda Ciudadana) Giorgio Martelli y, empresarialmente, Patricio Contesse (gerente de SQM).

  1. Una cuarta crítica que se puede hacer a la perversa práctica de la Comisión Patrimonial del PS dice relación con la violación a un principio político que siempre ha estado en la estela programática de esa organización política: el término de la privatización del agua.

Chile es (si no el único país del mundo en donde el agua se encuentra privatizada), al menos uno de los escasos donde ello sucede. La revelación del Canal Mega indica que el PS hizo, también inversiones en la empresa española ‘Aguas Andinas’. Señala, al respecto, un comentarista:

“Lo interesante es que en cada una de las inversiones hay un modo de pensar e interpretar el mundo: especular en Aguas Andinas es, por ejemplo, comprometerse con la privatización del agua. El PS, como cualquier otro partido político, es una entidad que interpreta el mundo y, por tanto, explica la realidad desde un determinado ángulo. La política es eso: una lucha por explicar la realidad. Ahí está el tema político de fondo”.

Nota de la redacción: Durante el gobierno de Eduardo Frei Ruiz Tagle –entre 1994 y 1999-, se inició la privatización de ESVAL, ESSBIO, ESSAL y Aguas Andinas, reservándose para el Estado sólo porcentajes minoritarios, siendo el mayor de ellos el de Aguas Andinas, con un 40 por ciento

  1. Hay una quinta razón para repudiar lo hecho por el ‘partido de Salvador Allende’: invertir en las empresas investigadas por corrupción, hacerlo en las empresas que se dedican al agiotismo, no es simplemente reafirmar la vigencia del modelo que se pretende cambiar.

Implica, a la vez, propiciar la propia autoinmolación porque muchos de aquellos militantes que un día decidieron solidarizar con lo que había sido su partido y concurrieron a entregar su firma para ayudarlo en el difícil trance de superar el refichaje, han manifestado a través de las redes sociales su indignación ante tamaño dislate, del todo inexplicable para ellos, y se arrepienten de lo hecho. El partido Socialista, por la acción de esa Comisión Patrimonial, puede ver reducida su cantidad de militantes pues es difícil suponer que la base de esa organización política quiera hacerse cómplice de tales aberraciones.

  1. Una sexta razón que hace del todo repudiable la acción de la Comisión Patrimonial del PS es que confirma una sospecha que, desde los inicios de la democracia post dictatorial, se venía generando: la convicción que gran parte de la dirección de ese movimiento era partidaria del modelo pinochetista de desarrollo.

Desde hace un tiempo considerable, gran parte de la  ciudadanía —la misma que un día creyó verdadero el slogan de ‘la alegría ya viene’— tiene el convencimiento de haberse entregado, atada de pies y manos, a quienes ya comenzaban a ser conocidos como ‘socialistas de mercado’. Porque ‘el socialismo de mercado’ estuvo presente desde los primeros años de instauración de la democracia post dictatorial, en la ‘Alianza Democrática’, en la ‘Convergencia Socialista’, en el ‘Frente Socialista’, en las exculpaciones de todos aquellos que, olvidando su calidad de víctimas de la dictadura, hacían recaer sobre la UP toda la responsabilidad de lo sucedido. No olvidemos las palabras de Eugenio Tironi acusando a Allende de haberlo inducido a incorporarse a la UP, de Gonzalo Martner en Estocolmo señalando lo mismo, de Luis Guastavino celebrando la ‘caída de las catedrales’, en fin.

  1. Una séptima razón es la espantosa falta de respeto a la memoria de quienes ya no están con nosotros, la falta de respeto por esos militantes que creyeron en una nueva sociedad y estuvieron dispuesto a dejarlo todo por la esperanza de ver un día aquella que no llegó de la mano de la Concertación y que hoy, luego de estos 27 años, se ve cada vez más distante. Esos militantes no están con nosotros.