El ex presidente brasileño Luiz Inácio  Lula da Silva, cofundador del Partido de los Trabajadores será interrogado esta semana (mañana miércoles) por el funcionario clave de la investigación Lava Jato, el juez Sergio Moro, que se ha transformado en un símbolo de la lucha contra la corrupción en Brasil, en el marco de las pesquisas por su presunta propiedad de un tríplex que le habría ofrecido la constructora OAS, involucrada en el fraude a Petrobras, en retribución de favores ilegales.

El ex mandatario (2003-2010) niega todos los cargos, pero si es hallado culpable y el fallo es ratificado en segunda instancia no podría postularse, pese a que varios sondeos muestran a Lula como el favorito en la intención de voto para los comicios presidenciales de 2018. El caso de la lujosa vivienda en San Pablo no es el único: hay cinco investigaciones en contra del expresidente.

El equipo de la defensa de Lula da Silva solicitó ayer lunes la suspensión del proceso abierto en su contra por el tríplex , por falta de tiempo para analizar toda la documentación de que se dispone, como alegaron los abogados del acusado. Así se ha solicitado el ‘hábeas corpus’ ante el Tribunal Regional Federal de la cuarta región.

«Es materialmente imposible analizar toda esa documentación antes del día 10, cuando está programado el interrogatorio del expresidente y se abrirá el plazo para la petición de nuevas pruebas», señaló la defensa, según recoge la Agencia Brasil.

Los abogados de Lula, Cristiano Zanin Martins y Roberto Teixeira, sostienen que los documentos –con respecto a las contrataciones de Petrobras y OAS– se habían solicitado desde el pasado mes de octubre. «Hay cerca de 5.000 documentos –técnicos, de negocios y jurídicos– y se estiman que unas 100.000 páginas», han criticado, después de señalar que los documentos se entregaron sin índice y de forma desorganizada.

Según Zanin y Teixeira, el juez responsable del caso, Sérgio Moro, negó un plazo adicional para analizar los documentos y para la entrega de otra parte de la documentación, negativa que, desde su punto de vista, constituye un «prejuicio inequívoco» para la defensa del exmandatario, informó Europa Press.

Además de la suspensión del proceso, la defensa ha solicitado la definición de un plazo «razonable» para el análisis de todos los documentos.

Soborno al PT

El pasado mes de abril, el expresidente de la constructora brasileña OAS, Léo Pinheiro, aseguró que Lula le pidió que se deshiciera de toda prueba que demostrara que se había pagado algún tipo de soborno al Partido de los Trabajadores (PT).

En sus declaraciones, el expresidente de OAS afirmó que la dirección de la compañía le informó, durante la construcción del edificio (triplex), que el inmueble era para la familia de Lula y que éste nunca se puso a la venta por la compañía.

La fiscalía señala que Lula recibió un soborno de 3,7 millones de reales (USD 1,16 millones al cambio actual) de OAS, que pagó un total de 87,6 millones por debajo de la mesa a políticos y funcionarios.

Según la denuncia, la empresa le habría obsequiado un tríplex en Guarujá, un balneario de San Pablo, cuando aún era presidente, y financió el almacenamiento de sus bienes personales entre 2011 y 2016, incluyendo el acervo de sus años como jefe de Estado.

Leo Pinheiro, ex presidente de OAS, confesó a la Justicia que el apartamento fue reservado -y luego lujosamente reformado– para Lula y su esposa Marisa Leticia (fallecida en febrero), tras el fin del mandato. Pero el ex presidente sostiene que la fiscalía miente y que la confesión fue obtenida mediante apremios.

«Para probar que soy el propietario, tienen que tener un recibo, un registro notarial, una escritura. Si no lo pagué, no tengo la llave y la empresa lo usó como garantía de varios préstamos que efectuó, entonces no puede ser mío», afirmó Lula al canal SBT.

Instituto Lula

Moro investiga también si Odebrecht  (la empresa que hacía los pagos ilegales-sobornos- no sólo en Brasil sino también en Perú, Colombia , Argentina y otros países) habría ofrecido 12 millones de reales (USD 3,7 millones) para comprar un terreno en San Pablo donde sería erigido el Instituto Lula (que divulga su legado político). Sin embargo,  la transferencia finalmente se habría frustrado, pero según la fiscalía prueba que el PT tenía «una cuenta corriente informal de la corrupción» con Odebrecht y que el delito consumado está configurado por simple la propuesta y la aceptación del soborno. El instituto niega cualquier irregularidad.

La denuncia sostiene que Odbrecht también habría pagado un apartamento contiguo al que habita Lula en San Pablo y que una tercera persona se lo alquiló como maquillaje a su exesposa: «Hay indicios de que, de hecho, es del expresidente Lula, que lo habría recibido, según la denuncia, como un soborno del Grupo Odebrecht», afirma la denuncia.

En este proceso es acusado de lavado de dinero y tráfico de influencia en la compra por parte del Estado brasileño de aviones de combate suecos Gripen por 5.000 millones de dólares, que se concretó durante la presidencia de Dilma Rousseff (2011-2016), su protegida política.

Según la investigación, Lula recibió 2,25 millones de reales (USD 700 mil) a través de la empresa de su hijo Luis Claudio «para influenciar a Dilma Rousseff en la compra de cazas Gripen de la SAAB