La Contraloría prácticamente le dijo al Servicio de Impuestos Internos que era un organismo “sin criterios objetivos que le otorgaran legitimidad” y que si o si debía adoptar medidas en este sentido para perseguir las infracciones o delitos tributarios.

Aunque la Contraloría en su dictamen conocido este lunes, pese a que  le reconoce al servicio la facultad de decidir en forma discrecional las opciones de recurrir al Ministerio Público o de iniciar un proceso en los Tribunales Tributarios Aduaneros, agrega que “resulta indispensable que las decisiones que adopte en la materia tengan un fundamento racional”.

Así se reconocen los cuestionamientos que desde la oposición se han lanzado sobre un eventual sesgo del SII en sus actuaciones, como a la hora de determinar sobre quién querellarse. “Cabe recordar que las autoridades y los funcionarios del SII están obligados a observar el principio de la imparcialidad”, dice el dictamen recibido por el director de Impuestos Internos, Fernando Barraza.

El temor que reina en el ambiente opositor es por el riesgo de que las causas prescriban, la Contraloría recordó que corresponde que el SII ejerza oportunamente sus facultades, de modo de evitar ese escenario.

Y sobre el sobreseimiento que favoreció a Carlos Ominami por haber operado la prescripción, señaló que “corresponde que el SII investigue las razones de la demora en el ejercicio de la acción penal, para lo cual deberá sustanciar un procedimiento disciplinario destinado a hacer efectivas las responsabilidades administrativas que hayan podido originarse”.

Sobre este punto, el SII dijo que cumplirá con lo dispuesto, pero recordó que en esa causa se presentaron dos querellas por tres delitos tributarios diferentes y que la prescripción sólo afectó al primero, el cual fue el único por el cual el Ministerio Público formalizó a Ominami.

Para el Gobierno todo esto y lo que se diga parecen ser «voladores de luces» porque, como declaró la vocera Paula Narváez “el SII y su director han actuado de acuerdo a la ley que lo faculta y, además, de manera completamente autónoma, de acuerdo a sus atribuciones”. ¿Y qué otra cosa podía decir la funcionaria de La Moneda?

Narváez agregó que en las últimas decisiones del servicio “no ha habido ninguna influencia del Ejecutivo”.

Horas más tarde, también como se esperaba, el propio SII emitió una declaración pública:  “El SII aprovecha de reiterar que todas las decisiones que adopta en materia de la aplicación y fiscalización de las disposiciones tributarias, incluyendo el ejercicio de acciones penales por delitos tributarios, se basan en un exhaustivo y detallado análisis técnico de los antecedentes disponibles, considerando criterios históricos fijados por la institución y conocidos públicamente, lo que garantiza la objetividad y equidad en el trato a los contribuyentes”, se afirmó.

“Específicamente, en el ámbito de las acciones penales por delitos tributarios, éstas son debidamente razonadas, se fundamentan en procesos de recopilación de antecedentes que efectúa el Departamento de Delitos Tributarios y en un informe legal sobre las potencialidades criminales elaborado por el Departamento de Defensa Penal (…). Sólo después del análisis y ponderación de los respectivos informes se adopta la decisión privativa del organismo en cuanto a ejercer la acción penal ante los tribunales ordinarios o la sanción pecuniaria ante los Tribunales Tributarios y Aduaneros”, se agregó.

Cambio por declaraciones de Jorratt

.Las nuevas declaraciones realizadas por el ex director del Servicio de Impuestos Internos hasta 2015, Michel Jorratt, (época de Rodrigo Peñailillo como ministro del Interior) ha aclarado un poco las cosas tras soste
ner que mientras ejerció su cargo recibió múltiples presiones durante su gestión para “enterrar” el caso SQM, como podría ser ahora también  la experiencia del actual director Fernando Barraza. En otras palabras Jorratt reconoció la existencia de presiones, lo que afecta al buen funcionamiento de las instituciones en Chile.

Así, Jorratt, en entrevista con TVN, declaró que ”me estaban pidiendo desde el Ministerio del Interior  que el caso SQM se enterrara, que no nos siguiéramos metiendo con ellos, que ojalá nosotros nos lleváramos la documentación antes que el Ministerio Público”.

Sostuvo además que  “a raíz del caso Wagner -ex subsecretario de Minería del gobierno de Sebastián Piñera- tuvimos que pedir incluso información a SQM por una boleta en particular y eso generó mucho ruido, mucho malestar. Nos pidieron, supuestamente a nombre del ministro Peñailillo, que recurriéramos con camiones a SQM para retirar la contabilidad. Querían obstaculizar el trabajo de la Fiscalía, pero no estuvimos ni cerca de hacer algo así”.

El ex director Jorratt, que fue uno de los creadores del programa tributario de Michelle Bachelet, defendió su tarea a la cabeza del Servicio, expresando que se llevaron a cabo todas las acciones necesarias para esclarecer los distintos  casos investigados”.

Mientras que el actual director del SII, Fernando Barraza, descartó presiones políticas y explicó que “aplicamos una serie de criterios que tienen que ver con monto y reiteraciones para efecto de decidir que acción buscar, en un caso son condenas de cárcel y otras de dineros. Nosotros no actuamos ni actuaremos con criterios políticos ni con ningún otro criterio que no sea el estrictamente técnico. Si nuestras decisiones ponen contento o no a los políticos, no es algo que tomemos en consideración”.

Contraloría pide sumario en el SII por Caso Ominami

Asimismo, la Contraloría pidió investigar demora del SII en presentar una denuncia en contra de Carlos Ominami, contra quien se interpuso una querella después de 7 meses desde que el Ministerio Público le comunicó sobre su eventual participación punible.

Esta demora generó, según las abogadas recurrentes, la prescripción de la acción penal. En otras palabras, el exsenador se “libró” de la justicia penal gracias a la demora del SII.

Al respecto, Contraloría indicó que le corresponde al servicio tributario investigar las razones de la demora de 7 meses, para lo cual deberá ordenar un sumario para establecer eventuales responsables y sus respectivas sanciones.